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1 ¿Cuál es el problema?
El problema es la destrucción, a través del negocio inmobiliario des-regulado, de la calidad ambiental de ciertas zonas con buenos atributos urbanos en Santiago y otras ciudades del país, en perjuicio de la comunidad, degradando unos de los valores que la misma oferta utiliza como gancho como es la buena localización junto a servicios diversificados e infraestructura de calidad, situación de la cual los productos Paz Froimovich son sólo la cara más visible, pero no la única.

El mito de que los edificios PF son un buen producto porque tienen demanda, se refuta indicando: Primero, que esas viviendas tienen una demanda inducida por una subvención pagada por nuestros impuestos, de entre 200 a 250 UF (Subsidio de Renovación Urbana y de Rehabilitación Patrimonial) por unidad habitacional producto del Plan de Repoblamiento de la Comuna de Santiago de 1992, y por la generación de Planes de Renovación Urbana en otras comunas bajo la Ley 18.595-1987, por lo tanto, no es un buen producto, es un buen negocio, y además generado por la administración, que sólo en el año 2005 recibió del orden de 2 mil millones de pesos por concepto de derechos por Permiso de Edificación en la Comuna de Santiago.

Lo segundo, porque excelentes productos pueden no tener demanda, como por ejemplo, la pantalla de computador (ENGELBART, Douglas, 1958), que demoró 50 años desde su creación en convertirse en un exitoso producto de mercado. Por mientras, la ciudadanía compra lo que existe como oferta, es decir, la oferta define la demanda, pero los estudios de mercado se hacen al revés, bajo el modelo de demanda, paradigma añejo que calcula la demanda proyectada de un producto probado para definir el negocio.

Permisos de edificación otorgado por año en la comuna de Santiago, más la oferta al mes de Agosto de 2005. Fuente: FROIMOVICH, Jocelyn. GARCIA, Marisol, LEPORI, Gilberto, VERGARA, Javier. Transformación de la comuna de Santiago a partir de la vivienda en densidad. Revisión de un proceso de renovación urbana. Tesis para optar al título de Arquitecto. Santiago de Chile. PUCh. Noviembre 2006. 413 páginas. Elaboración de los autores en base a registro CORDESAN y web inmobiliarias.

2 ¿De quién es la responsabilidad?
La Constitución Política de la República de Chile (Art. 19, 8º), así como los tratados de Derechos Humanos firmados y ratificados por el Estado de Chile definen el derecho de los ciudadanos “a vivir en un ambiente libre de contaminación”. El paisaje urbano, en el cual vive más del 80% de la población del país, es un componente fundamental del medio ambiente donde se vive. Existen legislaciones de otros países que resguardan la calidad ambiental de este ambiente construido.

La responsabilidad de asegurar la calidad de vida de la ciudadanía corresponde primero a los políticos elegidos popularmente que dan poder a ciertas administraciones, las cuales tienen la responsabilidad directa de resguardar esta calidad de vida a través de la implementación de políticas concretas. La responsabilidad directa de la mala calidad de vida de las ciudades recae directamente en la administración municipal (que no gestiona ni regula responsablemente la acción privada de generación de ciudad, por ejemplo, no existen Planes Seccionales que definan la forma de los volúmenes máximos construibles, sino sólo una ordenanza abstracta aplicada por zonas generales) y en el Estado a través del MINVU y el MOP. Por último, en este plano, la responsabilidad recae en los propios ciudadanos que debemos exigir a la Administración del Estado el cumplimiento de nuestro derecho a la calidad de vida, por último, a través de la vía judicial, como ha ocurrido en algunos casos en Estados Unidos.

De este modo, queda claro que la producción inmobiliaria descontrolada genera un perjuicio incluso económico a la calidad de vida de la ciudadanía. No estamos en desacuerdo con el derecho de los ciudadanos y empresas a hacer un negocio lucrativo, es sabido que la industria de la construcción es una actividad fuertemente entrelazada en al sociedad, y constituye un potente motor de desarrollo económico. Sin embargo, también está demostrado que a una mayor inversión también mayores son las utilidades que se obtienen. La posibilidad de hacer negocios regulados de modo concertado con la administración, haciendo que todos los implicados –promotores, constructores, industriales, administración municipal, ciudadanía- ganen, es la forma correcta de hacer negocios hoy, donde el empresario asume una responsabilidad, como un ciudadano más, de hacer un aporte al país en que se vive en cuanto se hace un desarrollo coordinado entre todos los implicados. El modelo de Responsabilidad Social Empresarial permite consolidar una imagen de éxito amplio en los productos generados y no sólo para los usuarios directos (que a veces ni siquiera están contentos), sino en la comunidad completa que comprende la generación de valor que produce un buen diseño de edificio y espacio público.

3 ¿Cuál es la solución?
Una administración que asuma la responsabilidad que en ellos depositan los ciudadanos y que lidere la generación de calidad de vida a través de la producción de ciudad, para esto es necesaria una acción política concertada que ponga dinero en ese ítem, para planificar, pero sobre todo para gestionar y acordar objetivos comunes entre el sector privado y la ciudadanía. La ciudad es una política en sí misma, los frutos que se cosechan son la integración social, el desarrollo de la calidad de vida, el buen funcionamiento urbano, y la paz social.

Se requiere empresarios innovadores que comprendan que pueden aportar al país y no sólo a su bolsillo, mejorando la calidad de sus productos y procesos, y que una acción bajo objetivos comunes redundará en un mejoramiento del aprecio y consideración de su marca y su modo de emprendimiento. Por último redundará en el mejoramiento de la marca Santiago y de la marca Chile, cosa que beneficia a todos. Pero sobretodo mejorará un proceso de producción de ciudad de situaciones irreversibles incrementando la calidad colectiva de vida.

Se requiere sobretodo unas entidades que generen proceso de gestión de interés público, que utilizando el mismo marco legal existente usado creativamente, permita encontrar objetivos comunes de desarrollo de la ciudadanía, para coordinar las inversiones públicas y privadas, generando un mayor valor para nuestra sociedad.

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